Queda poco por decir sobre la falacia doctoral alrededor de la persona que ejerce como Fiscal de la Nación. Es simplemente imposible que una universidad seria produzca combos de maestría y doctorado en 17 meses, con sobresalientes (en latín para que suene más importante) como parte de la cajita feliz. La inexistencia de la tesis es apenas consecuencia de lo trivial que es el proceso, cual comida rápida, e igual de inapropiada para la salud del estado peruano.
La pregunta relevante sería qué hace que una funcionaria pública decida estudiar en semejante cajita feliz. Evidentemente no es una ambición académica o profesional, sino formal: contar con un grado doctoral de esta calaña facilita avanzar en la carrera pública, aunque no tenga realmente utilidad fuera de ella; ciertamente no produce prestigio profesional en el ámbito general de la profesión, a nivel nacional o internacional. Es el cartón por sí mismo, el requisito para avanzar, y la degradación de la universidad a un trámite vacío.
Es un defecto nacional: la actual ley universitaria creó muchos, como el requisito de tesis para el bachiller y la licenciatura, que sin una propuesta formativa sólida no significan nada. Por ello, no hay razón alguna para asumir que esa montaña de papeles tendrá utilidad alguna; si pensamos a nivel internacional, en ninguna parte se considera las tesis de bachillerato como medida de excelencia en investigación.
Ahora se ha regresado al bachillerato automático, como antes se retiró la jubilación obligatoria a los 75 años en las universidades públicas—con el retorno de los docentes jubilados, lo que es un despropósito. En ambos casos, las justificaciones son tenues: no se hace un esfuerzo de entender lo que significan, para bien o para mal, en el contexto general de la educación superior del país, que adolece de muchos problemas que no se solucionarán ni con el regreso de ancianos sin evaluación académica previa, ni con el retiro del bachillerato automático para hacer las cosas más fáciles.
Para variar evadimos el problema de fondo: la existencia de empresas que solo buscan hacer dinero con la forma universitaria, ofreciendo grados al por mayor, de la cual el estado peruano es complice en dos niveles: permite que ocurra, y les cree el cuento. Seguimos pensando que se puede arreglar un pedazo para que el resto medio funcione, a pesar de la combinación de necedad pro mercado, que niega que la educación sea un bien público, con la informalidad y viveza empresarial peruana. Pero la situación que nos impide mejorar al estado y a la sociedad, y que hace que funcionarios de alto nivel se satisfagan con un combo con todas las cremas requiere cirugía mayor, no parches sin rumbo.