La restauración del ancien regime en las universidad sigue a pleno
y como siempre, el pretexto son los alumnos...
El Congreso de la República en el período actual ha demostrado un sistemático interés en favorecer a sus aliados, clientes o convenidos; en restaurar el ancien regime, donde las facilidades para hacer negociar y funcionar sin regulación alguna eran la norma y la búsqueda de calidad era en cambio, apenas un pretexto.
En el campo de la educación, salvo la casi subterránea observación al intento de destruir la autonomía de la SUNEDU —y con ella cualquier posibilidad de estándares mínimos en las universidades— el poder ejecutivo ha mostrado completa ausencia de interés: dejar las decisiones sobre el retorno al campus tras lo peor de la pandemia, por ejemplo. Pero ahora tendrá que reaccionar frente a una nueva ley, que no tiene otro propósito que favorecer a un grupo relativamente pequeño en contra de cualquier sentido común.
El artículo 84 de la actual ley universitaria disponía el término de la relación laboral del docente a los 75 años. No es inusual que las universidades del mundo entero tengan tales límites, como tampoco que tengan normas claras para excepciones. Para variar, en este caso el instrumento en exceso tosco que es la ley actual significó que la jubilación forzada de los docentes fuera hecha sin consideraciones a la potencial continuidad de su aporte, ni a su situación económica una vez jubilados. Pero lo cierto es que la medida tenía utilidad para facilitar la renovación docente en un entorno como la universidad pública, en el cual la creación de nuevas plazas no es fácil y muchos de los profesores mayores de 75 no lograban cubrir las demandas de nuevas temáticas.
Reconociendo sus debilidades, este aspecto de la ley —como algunos aspectos de la gestión de SUNEDU— podrían mejorarse, y un proceso de estudio y consulta serviría no solo para saber exactamente qué es necesario cambiar, sino qué podría funcionar mejor en cada caso. Pero para variar, la comisión de educación del Congreso ha optado por regresar al pasado. El proyecto de ley ya aprobado es simple: ya no hay límite de edad para la función docente. Pero no se queda ahí: la primera disposición complementaria revela la verdadera intención de la norma, pues dice que “incorpórase sin ninguna restricción y con todos sus derechos en los alcances de la presente ley a los docentes afectados a la entrada en vigencia de la Ley 30220, Ley Universitaria”.
Traducido: sin importar edad, calidad, o pertinencia de su labor, todos los que fueron jubilados hace años deben volver con todos sus derechos, y ya verán las universidades para compatibilizar eso con sus actividades rediseñadas bajo la lógica de la ley 30220.
Las justificaciones son las habituales: el derecho al trabajo (de un grupo específico, no de los peruanos más necesitados) y la experiencia de los docentes que es fundamental para la universidad (lo que es, por decirlo delicadamente, bien relativo).
De nuevo: es posible que en algunos casos, algunas universidades hayan perdido mucho con la perdida de docentes por la jubilación forzosa a los 75 años. Pero decir que cualquier docente tiene derecho a continuar mientras quiera en la enseñanza, con los privilegios acumulados, es negar que como en todo trabajo, la calidad de lo que se hace debe ser el criterio rector para continuar haciéndolo. Bajo el criterio de la norma, el trabajo de docente universitario se vuelve invulnerable, el equivalente a una prebenda que nadie puede retirar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera la edad.
Hay una disposición más, que dice que “Desígnase al consejo universitario [asumo de cada universidad] para que evalúe la continuidad del docente condicionada a la verificación del estado de salud física y mental a cargo de una junta médica”. Plantear que el criterio de continuidad es la salud y no la calidad del trabajo permitirá que en muchas universidades, los amigos del poder de turno sean reincorporados sin exigencia alguna y los que no, súbitamente sabrán que su condición física (que en alguien de 75 años siempre tiene algo que no anda bien) no les permite regresar. Así, los grupos que controlan una universidad contarán con más votos para continuar haciéndolo.
La calidad de la enseñanza, el bienestar de los estudiantes, la relevancia de la universidad pública para el país… Sí claro. Lo que importa es preservar el ancien regime, y el Congreso (de Viena) que tenemos solo sirve para eso.
¿Como parar esto? El “que se vayan todos” no solucionaría nada, puesto que todo indica que cualquier reemplazo sería fundamentalmente idéntico. Esto apunta al problema fundamental de nuestra sociedad: un patrimonialismo desbordado, envuelto apenas por pretextos mal presentados. La consecuencia ineludible es que la calidad educativa de la educación pública seguirá estancada, sin importar el enorme esfuerzo de muchos por cambiar el status quo. En suma: los ricos tendrán educación de calidad, los pobres, lo mismo de siempre.