La herencia fujimorista en las universidades tuvo dos lados: las universidades garage, y la inmovilidad en las públicas. El “modelo” no se interesó en desarrollar más capacidades humanas que las que las universidades privadas ya existentes le proveían, pero creó un espacio para el negocio y, al no poder desaparecerlas, dejó a las universidades públicas como las encontró, sin norte ni fondos.
El crecimiento económico ayudó a aumentar los recursos de las universidades públicas y muchos docentes siguen luchando por modernizarlas. La ley actual no ayuda mucho: es demasiado rígida, fetichista de las formas, y no creó un sistema independiente para evaluar el trabajo docente fomentando la investigación. Pero lo logrado con esta ley, sin ser extraordinario, es relevante. Merecería ser afinado, pulido y en algunos casos, modificado. Pero el oportunismo ha optado por regresar al status quo ante, donde las universidades son fortalezas para protegerse a sí mismas, no para servir al país.
Esto se plasmó en la defensa de la “autonomía” como la proponen los que encabezan el retorno a la inmovilidad institucional. Sin evidencia alguna, dispusieron que la jubilación no sea obligatoria, usando como excusa el enunciado que los académicos con más experiencia son mejores que los más jovenes, y consagrando así la prebenda: una vez elevado a las alturas, el docente universitario no tiene que rendir cuentas a nadie, ni siquiera al erario público.
Luego, “autonomía” se usó como pretexto para anular hasta el principio que las universidades, públicas o privadas, se deben a la sociedad, con lo que deben ser responsables con los fondos y la confianza pública. Sea que no cobren o que cobren mucho o poco, la autonomía no implica que el Estado, a nombre de los peruanos, deje de verificar, sustentando con evidencia, indicadores claros y evaluaciones independientes, que los docentes universitarios hacemos nuestro trabajo como es debido. La evaluación independiente es necesaria para cualquier actividad; pero en el Perú hace mucho que ejercemos el autoritarismo de la prebenda, de no poder ser tocados una vez que logramos cierto privilegio. Ahora, la alianza entre autoritarios de prebenda y de conciencia cancela la posibilidad de contar con universidades capaces de enfrentar los durísimos desafíos que tenemos por delante.
Que el país siga entrampado no es culpa de caviares o progres, sino de esos oportunistas que no quieren que nadie sepa qué tan malos son, y de los autoritarios cuyo poder requiere impunidad y acomodo. Los hijos del fujimorismo, haciendo mitosis, controlan el estado para sus propios fines, negando al mismo tiempo el estado de derecho y el derecho del país a tener futuro.
Coda (no publicada en LaRep por falta de espacio): el cosplaying que doña Dina Boluarte ejerce desde el 7 de diciembre sigue a pleno. Una combinación de no saber qué hacer con un no poder hacer nada para no perder ministros y completa carencia de convicciones la convierten en un elemento decorativo pero con responsabilidad legal. Su ejercicio presidencial no solo merece condena en los tribunales, sino en la historia; solo ha permitido los peores abusos estatales de las últimas décadas, y el resto es silencio.