Sobre el proyecto de Colegio de Comunicadores
Cada cierto tiempo aparecen proyectos para crear colegios, que esencialmente son ejercicios de cartelización, en donde se quiere atribuir a un grupo de licenciados la exclusividad del ejercicio profesional. En este caso, por esas cosas del Orinoco, me pidieron opinión, la que copio a continuación.
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La existencia de colegios profesionales se ha multiplicado en el país gracias a dos aspectos: la idea de “proteger” una profesión e impedir que aquellos que no cumplen con ciertas normas puedan ejercerla; y el interés en participar en procesos políticos como la Junta Nacional de Justicia, donde todos los colegios profesionales pueden lograr ser representados.
Descartado el segundo motivo, queda la cuestión de la “protección”. Sin duda hay profesiones que requieren supervisión, tanto pública como privada, es decir a través del Estado y de los mismos profesionales. En el primer caso, la SUNEDU verifica y garantiza la calidad de la enseñanza, y con ella que el profesional esté en condiciones de cumplir su labor.
La supervisión privada es una segunda capa que permite certificar el cumplimiento de condiciones morales tanto como profesionales, y que resulta de interés público cuando la profesión implica la protección de la vida, la seguridad jurídica o ambas. Es el caso de colegios como los de médicos, abogados e ingenieros, y otros de las áreas de la salud.
En actividades como la “comunicación”, en general, ni la vida ni la seguridad jurídica están en riesgo; sin duda, se puede argumentar que una campaña publicitaria mal hecha puede ser dañina a la salud; pero el responsable legal y moral de la mala campaña sería el contratante, no el ejecutor. En el caso de las profesiones antes mencionadas, la responsabilidad moral y legal de afectaciones a la vida es directamente del profesional involucrado.
Para otras actividades laborales, la libertad de contratación resulta un valor más relevante, pues permite que los distintos actores sociales y económicos puedan tener acceso al mercado de oferta laboral en términos y condiciones negociables; esto incluye la posibilidad de contratar a personas que no teniendo títulos profesionales, pueden realizar tareas específicas que suelen ser motivo de la formación profesional en comunicaciones.
El tenor proteccionista del proyecto, en donde se habla de “usurpación”, denota claramente una intención de proteger a los profesionales, antes que considerar el interés público, el cual, como se ha sostenido, no resulta beneficiado por un colegio profesional tal. En cambio, en la versión más extrema, un cineasta que haya mostrado creatividad y capacidad narrativa pero que no tenga licenciatura, podría ser bloqueado de obtener fondos públicos por no tener licenciatura, no estar afiliado al colegio, o no haber pagado sus cuotas. La cultura peruana sería afectada por esto mucho más que cualquier beneficio de la colegiatura podría compensar.
Más aún, en un mercado dinámico, en el que la innovación es constante y diversa, la idea que un licencia profesional es garantía de competencia es inherentemente irrelevante. Un profesional que se haya licenciado hace 40 años y no haya mantenido una saludable actitud de renovación, no podría competir incluso con jóvenes a inicios de su formación profesional; pero la lógica del colegio profesional lo pondría delante de un profesional emergente, no necesariamente con estudios conducentes a una licenciatura de comunicación, que estaría en mejores condiciones para realizar las tareas que el mercado exige. La protección de la oferta laboral a partir de una certificación estática resulta contraproducente para la viabilidad de la actividad que se quiere regular a través del proyecto.
Esto se complica por la enorme diversidad de profesiones que están englobadas en el proyecto, el cual enumera al menos 15 denominaciones —excluyendo el periodismo, el cuál cuenta con su propio colegio sin que realmente tenga relevancia para el desarrollo profesional ni el ejercicio en el interés público de la profesión. La naturaleza de estas actividades requiere formaciones complejas y multidisciplinarias que divergen unas de otras en la práctica, y que además implican que ciudadanos y residentes con habilidades adquiridas en una profesión distinta bien pueden ser competitivos en estos campos. Esto, sin contar que en muchos casos el nivel de especialización ideal para lograr competitividad en el mercado laboral es el de maestría, que no requiere licenciatura para alcanzarse. Organizar un colegio así para que provea de conducción propedéutica o deontológica sería un inmenso desafío con resultados discutibles en calidad, representatividad y sobre todo relevancia.
Por otro lado, si la colegiatura no es obligatoria y no se plantean restricciones al ejercicio profesional relacionado con la comunicación, la única justificación del colegio resultaría siendo la representación “oficial” ante el estado peruano de la comunidad profesional, cosa que es evidentemente imposible de lograr. Esto deformaría el proceso político al darle representación a un grupo que no debería tenerla.
Por lo mencionado, expreso opinión formal que un colegio profesional de comunicadores sería innecesario, irrelevante y sobre todo contraproducente, y que su creación no mejoraría ni el desempeño profesional y la calidad del empleo para los comunicadores. Por ello, considero que el proyecto debería archivarse.